La ciudad al revés
En la casilla de correo institucional de la Municipalidad de Lima encontré, esta mañana, dos mensajes que ejemplifican de manera muy clara la debilidad del gobierno metropolitano en sus competencias y obligaciones vinculadas a ordenar y racionalizar el sistema de transporte público de la metrópoli y la de procurar una mejora constante en la calidad y seguridad en la vida de sus habitantes.
El primero, fechado el miércoles 5 de febrero, y titulado “Empresarios destacan seguridad jurídica que les permite reemplazar unidades antiguas”Cien buses nuevos a gas natural y diesel renuevan servicio de transporte urbano del Callao, emitido por Andina y difundido por la Corporación de Empresas de Transporte Urbano del Cono Este, dirigida por el Sr. Julio Raurau Oblitas, tenaz dirigente tradicional de los transportistas e impulsor de los últimos “paros de transporte” contra las decisiones municipales, informa y festeja la supuesta renovación del parque de unidades de transporte público. Se trata de unidades disímiles en tamaño y capacidad, en sistemas de combustión (diesel tradicional y gas) que se han incorporado durante el 2007 y el 2008 al servicio público para circular por las rutas actuales no racionalizadas y con los modales de siempre: a la carrera, con chóferes palanca, sin respetar ni rutas ni horarios, con altavoces en vez de parlantes y con cobradores faltosos y abusivos.
El segundo, para variar firmado por la misma corporación del dirigente Raurau, que dice FELICITAMOS AL ALCALDE LUIS CASTAÑEDA LOSSIO POR HABER TOMADO DIGNA DECISION DE SUSPENDER DE MANERA TEMPORAL LAS REVISIONES TECNICAS. Claro que no podía ser de otra manera pues este señor representa claramente al sector más tradicional y mercantilista del gremio de transportistas locales, el que no cumple con las reglas de tránsito ni respeta los paraderos, el que no conoce de zonas rígidas ni de cortesía con los pasajeros y peatones. Son los que no pagan las multas de tránsito y los que recurren al recurso de inventarse rutas enrevesadas e ineficientes para obtener licencias en provincias donde no prestan la parte sustancial de su servicio público.
Sin duda se trata de dos piezas de oratoria de plazuela que pretenden aprovechar el río revuelto generado por la turbulenta, inconstante y zigzagueante conducta del gobierno de la ciudad. Conducta que además no ha sido ni discutida ni consultada y menos aprobada por el Concejo Metropolitano a pesar de los constantes pedidos de los regidores de Glave, Calderón y, también, míos. No puedo negar que la historia de la reimplantación de las RTV ha sido, como a todos nos consta, accidentada y poco clara. Lo sostuve durante el 2007 y lo repito ahora: el proceso de selección y el otorgamiento de la concesión estuvieron plagados de errores producto de la impericia de los “asesores” del alcalde y del intenso fuego cruzado de intereses al interior de la comuna. A ello se sumó la posterior zaga de procesos arbitrales y pleitos entre las empresas asociadas que habían sido calificadas por el municipio como aptas y capaces de llevar a cabo el servicio.
El Alcalde ha tomado una decisión unilateral e impulsiva que tendrá que explicar a la ciudadanía. Y tendrá que explicar por qué autosaboteó un proceso que, por su naturaleza y por la obsolescencia del parque automotor de Lima, todos sabíamos que sería difícil de reimplantar. Sabíamos también que los pequeños grupos de interés anticiudad y antiorden pondrían piedras en el camino pero confiábamos en que los objetivos municipales por recuperar calidad de vida, organizar el transporte y dotar de seguridad a las calles de ciudad se defendería por encima de desajustes técnicos y operativos cuyo camino de solución estaba previsto en el contrato de concesión.
El primero, fechado el miércoles 5 de febrero, y titulado “Empresarios destacan seguridad jurídica que les permite reemplazar unidades antiguas”Cien buses nuevos a gas natural y diesel renuevan servicio de transporte urbano del Callao, emitido por Andina y difundido por la Corporación de Empresas de Transporte Urbano del Cono Este, dirigida por el Sr. Julio Raurau Oblitas, tenaz dirigente tradicional de los transportistas e impulsor de los últimos “paros de transporte” contra las decisiones municipales, informa y festeja la supuesta renovación del parque de unidades de transporte público. Se trata de unidades disímiles en tamaño y capacidad, en sistemas de combustión (diesel tradicional y gas) que se han incorporado durante el 2007 y el 2008 al servicio público para circular por las rutas actuales no racionalizadas y con los modales de siempre: a la carrera, con chóferes palanca, sin respetar ni rutas ni horarios, con altavoces en vez de parlantes y con cobradores faltosos y abusivos.
El segundo, para variar firmado por la misma corporación del dirigente Raurau, que dice FELICITAMOS AL ALCALDE LUIS CASTAÑEDA LOSSIO POR HABER TOMADO DIGNA DECISION DE SUSPENDER DE MANERA TEMPORAL LAS REVISIONES TECNICAS. Claro que no podía ser de otra manera pues este señor representa claramente al sector más tradicional y mercantilista del gremio de transportistas locales, el que no cumple con las reglas de tránsito ni respeta los paraderos, el que no conoce de zonas rígidas ni de cortesía con los pasajeros y peatones. Son los que no pagan las multas de tránsito y los que recurren al recurso de inventarse rutas enrevesadas e ineficientes para obtener licencias en provincias donde no prestan la parte sustancial de su servicio público.
Sin duda se trata de dos piezas de oratoria de plazuela que pretenden aprovechar el río revuelto generado por la turbulenta, inconstante y zigzagueante conducta del gobierno de la ciudad. Conducta que además no ha sido ni discutida ni consultada y menos aprobada por el Concejo Metropolitano a pesar de los constantes pedidos de los regidores de Glave, Calderón y, también, míos. No puedo negar que la historia de la reimplantación de las RTV ha sido, como a todos nos consta, accidentada y poco clara. Lo sostuve durante el 2007 y lo repito ahora: el proceso de selección y el otorgamiento de la concesión estuvieron plagados de errores producto de la impericia de los “asesores” del alcalde y del intenso fuego cruzado de intereses al interior de la comuna. A ello se sumó la posterior zaga de procesos arbitrales y pleitos entre las empresas asociadas que habían sido calificadas por el municipio como aptas y capaces de llevar a cabo el servicio.
El Alcalde ha tomado una decisión unilateral e impulsiva que tendrá que explicar a la ciudadanía. Y tendrá que explicar por qué autosaboteó un proceso que, por su naturaleza y por la obsolescencia del parque automotor de Lima, todos sabíamos que sería difícil de reimplantar. Sabíamos también que los pequeños grupos de interés anticiudad y antiorden pondrían piedras en el camino pero confiábamos en que los objetivos municipales por recuperar calidad de vida, organizar el transporte y dotar de seguridad a las calles de ciudad se defendería por encima de desajustes técnicos y operativos cuyo camino de solución estaba previsto en el contrato de concesión.
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