Libretas endemoniadas: la crisis de los pasaportes
LIBRETAS ENDEMONIADAS O LA CRISIS DE LOS PASAPORTES
La actual crisis de los pasaportes en nuestro país revela ausencia de liderazgo y falta de audacia en la institución para convertir la crisis en oportunidad. Estamos a tiempo para generar una vuelta de tuerca e innovar completamente la prestación del servicio como ocurre en otros países. Desde la ciudadanía debemos colaborar a solucionar el desastre que ha generado un suplicio para cientos de miles de peruanos que se ven afectados directamente.
Migraciones, entidad adscrita al Ministerio del Interior, se encuentra inmersa en una crisis en su diseño estratégico de provisión de servicios asociados al principal producto bajo su cargo: el pasaporte ordinario. El Superintendente actual, Jorge Fernández, hace pocos días admitió en televisión que había una “lista de espera” superior a los 150,000 ciudadanos que “ya habían cancelado la tasa respectiva” y aún no eran atendidos. Fría sinceridad que da cuenta del embrollo en que se encuentra.
Imagen de Jacqueline Macou / Pixabay
¿Es posible cambiar el modelo? Creemos que sí. Algunas ideas a continuación.
1. Siempre enfocados en la satisfacción del ciudadano, utilizar los avances tecnológicos disponibles en el mercado y diseñar un sistema de tercería para la emisión física de pasaportes en el que Migraciones, como corresponde, sólo se concentre en la tarea de verificar la identidad y en la toma de la imagen y huellas de los solicitantes. La captura de esos datos sustanciales deben encriptarse y ser remitida por medios digitales al proveedor tercerizado para la emisión y entrega (directa o certificada en domicilio) a los solicitantes. Migraciones se liberaría de los “asuntos de fábrica” ajenos a su quehacer y se concentraría en aquellos temas vinculados al ejercicio de la política migratoria interna.
2. La entidad encargada de la operación tercerizada debiera garantizar, de manera permanente, un stock mínimo de libretas y demás insumos equivalente al 115% de la demanda proyectada por Migraciones en base a la evidencia estadística. Y también garantizar la capacidad de fábrica para atender dicha demanda bajo estrictas condiciones de seguridad y confidencialidad junto con proveer el sistema logístico necesario para la distribución de los pasaportes a nivel nacional eliminando (o reduciendo al mínimo la gestión presencial de recojo en sedes de Migraciones).
3. El nuevo modelo de concesión podría establecer un plazo de vigencia contractual equivalente a 5 o más años -los que sean necesarios para justificar las inversiones necesarias-. También debiera exigir una capacidad de distribución del producto a nivel nacional y contar con una cláusula que obligue al concesionario a introducir las mejoras tanto en el pasaporte como en el sistema de impresiones que la autoridad sectorial determine como necesarias a lo largo del tiempo, sin necesidad de mayores adendas.
4. El MEF debiera habilitar el financiamiento presupuestal suficiente de modo que se elimine el incentivo perverso de obtener financiamiento institucional gracias a los "recursos directamente recaudados" -RDR como se les conoce en el argot público- producto de la tasa por emisión de pasaportes. La asignación presupuestal debe cubrir los costos del nuevo esquema concesionado de emisión entendido como un servicio público imprescindible. Y los recursos recaudados por tasa de emisión debieran ir directamente al Tesoro Público.
5. Incorporar nuevos criterios para la vigencia del pasaporte similares en duración a los previstos para el DNI (portador original de la identidad de todos los peruanos). Dicho de modo más claro, vigencias diferenciadas según rango de edad para el pasaporte con duración estándar de 10 años para los adultos, tal como ocurre en muchos países -ver recuadro al final-, lo que contribuirá también a disminuir la presión de demanda. Además debe estudiarse la opción de incluir la vigencia indefinida para las personas de 65 años o más. Todo lo anterior es clave para impedir cualquier “imposición externa” de vigencias limitadas.
6. Migraciones debe reforzar y desconcentrar su capacidad operativa para la “toma de datos para la emisión de pasaportes” usando no sólo sus propias oficinas sino también los Centros Binacionales de Atención Fronteriza, los espacios compartidos como los MACs, entre otros.
7. Impulsar junto con la Cancillería y utilizando el principio de reciprocidad la ampliación del número de países del continente americano que reconozcan nuestro DNI como documento de viaje. Hoy sólo son 9 países de los que 5 son nuestros vecinos. Es absolutamente posible y razonable trabajar esta estrategia con países como México, diversos países de Centroamérica y otros países isleños del Caribe -bastante visitados por un sector de nuestra sociedad-.
8. Finalmente indicar que parte importante de la necesidad de contar con la libreta clásica se basaba en que ella era el soporte físico no solo de los sellos de entrada y salida sino de las visas. En la actualidad, con la sola presentación del pasaporte y sin necesidad de visa, los peruanos y peruanas podemos visitar más de 95 países lo que hace presumir que la perspectiva mundial se encamina hacia la sustitución de la libreta por un documento de identidad seguro y acreditado. Los “sellos” también están en retirada siendo reemplazados por registros digitales y lectura magnética de documentos. https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/19/peruanos-pueden-viajar-a-estos-96-paises-sin-necesidad-de-visa/
Queda claro entonces que es posible y necesario que los esfuerzos de modernización de la gestión en Migraciones sean de alcance estratégico y no sólo incorporen soluciones temporales atendiendo al desarrollo de la tecnología disponible por el "proveedor recurrente". El abanico de recomendaciones apunta a mejorar la cadena de creación de valor público y dejar atrás los demonios que habitan en la Av. España. Garantizar un servicio de calidad recogiendo el sentir y necesidades de los usuarios demanda un equipo de profesionales íntegros, calificados y abiertos a la innovación, capaces de diseñar una estrategia que produzca impactos positivos tanto en las políticas de seguridad como en la protección de derechos de los consumidores.
