Elecciones pobres frente a retos enormes
2021, algunas reflexiones antes de las elecciones
El mundo ya estaba cambiando aceleradamente antes de la
pandemia del Covid-19. La masiva introducción de máquinas inteligentes, robots
y la cada vez mayor presencia de inteligencia artificial en todas las
actividades de la vida humana representa un reto del que no podremos escapar.
No es opcional. Nos obliga a desplegar una inmensa capacidad de adaptación.
Adaptarnos al movimiento, a la incertidumbre, a la
desaparición sin aviso de la vida como la conocíamos hasta hace poco. Así como “los grandes inventos no sólo nos
hacen la vida más fácil, también transforman nuestras necesidades” y es harto
probable que desaparezcan muy pronto cerca de la mitad de los empleos que aún
existen en el mundo. Sin lugar a dudas, estaremos obligados a reinventarnos y
reorganizar la sociedad entera.
La pandemia presente desde comienzos del 2020 y hoy en
proceso de complejizar los contagios en todo el mundo, está sirviendo de
agresivo catalizador del proceso de cambios antes descrito. Como país nos
obligó, tanto desde lo público como desde lo privado, a revisar muchos (ojalá
hubieran sido todos) procedimientos, a simplificarlos o eliminar muchos de
ellos pero, esencialmente, a automatizar gran parte de la tramitología convencional
que, como sociedad, era (y aún lo sigue siendo en algunas islas de resistencia)
una de las principales trabas para nuestro desarrollo. Lamentablemente las
próximas elecciones generales serán presenciales pero estoy convencido que
serán las últimas de este tipo. Las del futuro inmediato tendrán que ser por
internet y, probablemente, voluntarias.
El nuevo gobierno que asumirá en julio 2021 deberá enfrentar
sin temores ni eufemismos esta realidad. El presupuesto público tendrá que ser
reestructurado radicalmente para centrar la mayor cantidad de recursos en las
urgencias de salubridad pública y en la imperiosa necesidad de mantener y
mejorar los niveles de educación ya alcanzados. En ninguno de estos campos
claves podemos retroceder. Entonces, ¿de dónde saldrán los recursos necesarios
para ello? Del mismo presupuesto nacional pero reacomodando de manera
contundente las asignaciones sectoriales. No podremos enfrentarnos a la
tremenda crisis actual con las mismas recetas y métodos con los que veníamos manejando la
economía y la sociedad antes de la pandemia.
Mucho puede contribuir la insistencia en eliminar todo
trámite presencial con campañas masivas de información que incidan en el cambio
de conducta tanto del emisor como del receptor y que eviten que las familias
efectúen desplazamientos innecesarios. Una anécdota reciente refleja que aún
estamos lejos de entender y aplicar nuevas reglas: el policía de tránsito
exigiendo al conductor del vehículo el SOAT impreso cuando éste es digital
desde hace varios años y el mecanismo para verificarlo es sencillo con
cualquier teléfono. Lo mismo sucede con el DNI. Es clave avanzar con celeridad
y sin pausa en la eliminación de documentos físicos y desterrar toda necesidad
de firmas y sellos estampados en pedazos
de papel (hoy existen tecnologías como Docusign
o la “firma digital” que dan fuerza legal a las declaraciones de los ciudadanos
para todo tipo de gestiones). Ayudará también, aunque suene duro, la necesaria
y obligatoria racionalización de puestos en todo el sector público en donde el
30% de las funciones ya se prestan por teletrabajo, otro 30% aproximadamente es
presencial y hay un 40% residual que prácticamente ha quedado descolocado y
sobre el cual se precisan políticas de desvinculación y readaptación a nuevas
labores.
Esto último no debe ser una tarea exclusiva ni del Ministerio
de Economía y Finanzas, ni de Trabajo y Promoción del Empleo ni de la Presidencia
del Consejo de Ministros. Debe serlo de todo el Estado incluidos los gobiernos
sub nacionales y liderado por un nuevo consenso acerca de su carácter
inescapable. La pandemia y sus secuelas han demostrado que es posible
garantizar el desempeño de las más complejas operaciones públicas con no más
del 60% de la tripulación regular –salvo, claro está, en materia de salud
pública. Evolución similar ha ocurrido en el ámbito empresarial privado y
particularmente en el sector servicios. Muchos analistas de prestigio vaticinan
que “la mitad de los trabajos en el sector público, incluido el de los
policías, serán automatizados antes del 2030”. Es decir, a la vuelta de la
esquina. En estas circunstancias resulta hasta doloso que con dinero público,
por definición escaso, se siga pagando el no
trabajo de una gran cantidad de personas. Ese dinero debe destinarse a fines
productivos como la salud y la educación y, obviamente, a serios esfuerzos por
canalizar ayuda eficaz para los procesos de reconversión y adaptación de las
personas excedentes.
Como se aprecia en el gráfico anterior que asocia el gasto
en planilla estatal por cada sol destinado a inversión pública, el monto
aumentó sistemáticamente durante el período 2013 al 2017 y es de presumir que
lo siguió haciendo durante los siguientes años. Lo que nuestra reflexión
sugiere es que, en adelante, la pendiente debe ser inversa lo que mejorará la
eficiencia del gasto e inversión públicos.
El primer año del nuevo gobierno no será fácil ni tranquilo.
Pero algo resulta inobjetable: salud, educación y
soporte a la reconversión laboral progresiva deben ser las prioridades. Junto
con la reestructuración presupuestal es indispensable el reordenamiento
tributario tantas veces mencionado pero siempre incumplido por compromisos y
conveniencias políticas diversas. Los eufemísticamente llamados gastos tributarios[1]
–que no son otra cosa que “ingresos renunciados” estimados conservadoramente
por el propio ente tributario en 17,240
millones de soles para el 2019- son grandes prebendas y ventajas
improductivas para unos pocos y deben ser eliminados sino reducidos a su máxima
expresión.
En el ámbito aduanero, quizá uno de los órganos
especializados más avanzados en materia de automatización de procesos, gestión
digital y eficiencia de cobro de los impuestos de importación, ya es tiempo de
revisar la pertinencia de que su desarrollo
continúe lastrado por la pesada carga de funcionar encorsetado por las
“prioridades de la administración tributaria”. Lo que es indispensable resaltar
es que el capítulo aduanero requiere mucha mayor atención, presupuesto y
libertad funcional de la que hoy tiene. Ejemplos de este freno hay muchos y todos
impactan en la fluidez y seguridad del ingreso y salida de mercancías, hacia y
desde nuestro país. Esta nota no pretende listarlos sino llamar la atención
acerca de la inexistencia hoy de las razones que justificaron la decisión de
fusionar a la antigua Aduana con la Sunat tributaria del 2002. Como sucede con
muchas decisiones gubernamentales de antaño, basadas ya sea en fines
promocionales (la mayor cantidad de exoneraciones o beneficios tributarios y
algunos regímenes especiales p.e.) o profilácticas (bajo la suposición de
grandes bolsones de corrupción nunca demostrados fehacientemente) o simplemente
pragmáticos (sinergias de gestión y simplificación administrativa), el tiempo y
a performance aduanera –en este caso particular- se han encargado de
desmitificarlas una a una.
Quizá la metáfora que ayude a comprender mejor lo que
afirmamos es la de una madre que tiene dos hijos y siente que uno de ellos requiere
más atención y cuidados especiales. Naturalmente la madre se va a volcar al
cuidado de este hijo. En nuestros países de la región sudamericana, obviamente,
se trata del hijo encargado de la cobranza de impuestos – crucial e importante-
y, por ende, la mayor sino toda la atención en las administraciones fusionadas
la merece la recaudación. Aunque el otro también sea su hijo y aunque su operatividad
también impacte decisivamente en la recaudación, la madre le brinda atención
secundaria y subsidiaria. Por ello, en la historia de las últimas décadas,
estas fusiones no han sido una buena praxis internacional con impacto en la
competitividad del país pues frenan el avance de la gestión aduanera, cuyas
funciones son distintas y van más allá que la de un órgano exclusivamente
recaudador, más aún en nuestro país con elevados índices de informalidad.
Al revisar los numerosos y diferentes planes de gobierno hoy
disponibles gracias a la época pre electoral, uno cae rápidamente en cuenta que
los partidos en competencia tienen escasa o nula visibilidad del problema.
Cuando mencionan a la SUNAT, si lo hacen, se refieren a los asuntos tributarios
y sus críticas son muy comunes: poca atención al crecimiento de la base de
aportantes, concentración en los contribuyentes convencionales, poco apoyo a la
formalización, mano blanda con la minería, necesidad de una reforma tributaria,
etc. De la Aduana y su rol fundamental en la competitividad y seguridad del
comercio internacional de nuestro país, ni un solo párrafo.
Sin embargo, la aduana sigue modernizándose, continúa su
intenso proceso de digitalización y no ha parado sus operaciones ni un solo
minuto desde que empezó la pandemia. Tan sólo hace algunas horas acaba de
intervenir en el desaduanaje del primer lote de vacunas sin que nadie la sienta
ni provoque los malestares que otros organismos, en etapas previas, casi
liquidaron nuestra legítima esperanza de contar con ellas.
Rafael García Melgar / Feb 2021
[1]
Se entiende por gasto tributario a los ingresos
que potencialmente el Estado deja de percibir al otorgar incentivos y
beneficios tributarios que reducen la carga tributaria de un grupo particular
de contribuyentes. (Definición SUNAT) https://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/doc/gastos_tributarios_SUNAT.pdf
